El Gobierno Interino de la República Bolivariana de Venezuela tiene el deber de ser transparente, honesto y eficiente en el uso de los activos y recursos de la nación; lejos de la partidización en sus decisiones y abocado a la dirección política de la crisis en Venezuela. Ante la carencia de informes y transparencia en el uso de fondos públicos del gobierno interino y la aparición de denuncias de sobornos e intentos de apropiación de las empresas de Venezuela por agentes que se declaran representantes del gobierno interino, Primero Justicia ha declarado y exigido que se hagan auditorías al gobierno interino.
Por otra parte, la creación de un fideicomiso que administre los activos y fondos públicos de la nación es la propuesta que mantenemos para garantizar la seguridad de nuestros recursos de la nación y se aleje por completo de intereses mezquinos o la corrupción de cualquier factor político hasta que la estabilidad y democracia se reinstituyan en Venezuela.
El 17 de septiembre de 2020 a través de su cuenta de twitter el ex procurador del gobierno interino y comunicaciones de PDVSA AD HOC José Ignacio Hernández, hizo pública su posición de rechazo a la intención de la empresa Caribbean Recovery Assets de actuar en nombre de PDVSA en aras de recuperar las cuentas por cobrar de esta empresa en Petrocaribe, todo esto sin la aprobación de la junta AD HOC designada por el gobierno interino.
Ante estos hechos, el partido Primero Justicia emitió un comunicado el 22 de septiembre del 2020, donde exigían iniciara una investigación en la Asamblea Nacional para esclarecer los hechos de posible corrupción y sobornos en la recuperación de los activos en el exterior, y específicamente en el caso de Petrocaribe.
El 26 de diciembre del 2020, Primero Justicia compartió los aspectos más relevantes sobre la reforma del Estatuto de Transición y la Reestructuración del Gobierno Interino, en la que hace especial mención a la intención de ser transparentes con el manejo de fondos públicos. Aquí señala: “Excepcionalmente, y verificados los principios constitucionales de eficiencia, transparencia, solvencia, equilibrio fiscal, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, el Consejo Político podrá acordar solicitar a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada autorización total o parcial, mediante los procedimientos de ley establecidos al efecto, para el uso de fondos públicos dando prioridad a los gastos ordinarios del Poder Legislativo Nacional y a la defensa de activos del Estado venezolano en el extranjero. Se prohíbe la disposición de los activos de la República en el extranjero”.
Posteriormente, el 2 de enero del 2021, el medio de comunicación The Washington Post, publicó un artículo en el que alegaban que, en una reunión en la ciudad de Miami, los empresarios Jorge Reyes y Pedro Antar, hacían una serie de demandas, las cuales incluían un pago de hasta $750 mil a una empresa relacionada con funcionarios del gobierno de Guaidó; para recuperar $40 mil millones en activos de la nación, identificados por los mismos.
El segundo vicepresidente de la Comisión Delegada, Juan Pablo Guanipa, pidió realizar auditorías al Gobierno interino en la sesión que se llevó a cabo el jueves 21 de enero de 2021: “La opinión de Primero Justicia es que tenemos que dar muestras de transparencia, comunicación, abramos las puertas a cualquier investigación que sea necesaria, realicemos auditorias de todo el Gobierno interino para demostrar que somos distintos al régimen de Maduro y sancionemos cualquier irregularidad. Demostremos que no nos parecemos ni nos queremos parecer al régimen más corrupto que ha existido, seamos ejemplo en medio de tanta vagabundería”.
Con respecto a esto, la diputada miembro de la comisión creada para investigar este caso, Elimar Díaz, miembro a su vez de Primero Justicia, declaró que “Moralmente, no tiene sentido que siga en el cargo” refiriéndose a Javier Troconis, quien para el momento actuaba como Comisionado Presidencial para la gestión de activos del gobierno interino y quien sería uno de los principales implicados en la contratación de la empresa Caribbean Recovery Assets para la recuperación de los activos de la nación.
El 22 de enero del 2021 el coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, pidió al Gobierno interino de Juan Guaidó aclarar si hubo un manejo transparente de los fondos públicos de la República a los que tiene acceso. A través de su cuenta en Twitter, el diputado de Primero Justicia señaló que el régimen de Nicolás Maduro «viene con una andanada de guerra sucia y acusaciones falsas contra el liderazgo democrático», por lo que considera necesario que el gobierno interino muestre «resultados concretos de las investigaciones que hemos solicitado, con el fin de aclarar si hubo un manejo transparente de los fondos públicos».
Entre esas investigaciones que menciona Borges se encuentran la protección de activos en el exterior, caso Crystallex, PetroParaguay, el manejo de la Fundación Simón Bolívar (propiedad de CITGO), además de las irregularidades cometidas dentro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
Por su parte, el 8 de julio del 2021, Julio Borges ofreció una entrevista en la que propuso que el Gobierno Interino debe transferir las empresas de Venezuela en el exterior a un fideicomiso administrado por un organismo multilateral para protegerlas de los acreedores y de la corrupción: “Nosotros en Primero Justicia desde hace meses hemos venido proponiendo a Juan Guaidó y a su entorno esa transformación y para atender eso hemos hecho propuestas concretas como el desmantelamiento de la organización actual del gobierno interino y reducirlo a una oficina de representación en el exterior encargada de asegurar el apoyo internacional a la causa venezolana, que maneje la diplomacia, las comunicaciones hacia afuera y coordine el esfuerzo para asistir a nuestros compatriotas fuera del país”, explicó
El 7 de septiembre del 2021, Borges publicó parte de otra entrevista relacionada al tema de los activos y expone: “Debemos impulsar siempre la transparencia en el manejo de los bienes públicos, reiteramos nuestra propuesta que los activos sean transferidos a un fideicomiso manejado por una organización multilateral que permita proteger los activos del país”.
Cronología de Hechos:
- 17 de septiembre de 2020: Denuncia del entonces Procurador Especial José Ignacio Hernández a la compañía Caribbean Recovery Assets por hacer gestiones en nombre del gobierno interino de Venezuela.
- 22 de septiembre de 2020: Comunicado de Primero Justicia solicitando esclarecer los hechos mencionados por el ex procurador Hernández.
- 26 de diciembre de 2020: Comunicado de Primero Justicia pidiendo transparencia en el uso de activos de la nación.
- 02 de enero de 2021: Articulo de The Washington Post sobre Jorge Reyes y Pedro Antar y su relación con pagos para recuperar activos de la nación.
- 21 de enero de 2021: Juan Pablo Guanipa solicitó auditorías al gobierno interino.
- 22 de enero de 2021: Julio Borges solicitó información y transparencia sobre el uso de fondos públicos.
- 08 de julio de 2021: Entrevista de Julio Borges proponiendo un fideicomiso que administre los activos de la nación.
- 07 de septiembre de 2021: Julio Borges reitera la necesidad de transferir los activos de la nación a un fideicomiso para su administración.