El 02 de enero de 2021, The Washington Post publicó un artículo de prensa sobre las gestiones del Gobierno Interino de Venezuela en el proceso de recuperación de activos en el exterior.
En este reporte, se informó que en abril de 2019, el Presidente encargado, Juan Guaidó, se comunicó con los empresarios Jorge Reyes y Pedro Antar, basados en Florida, con el objetivo de solicitar sus servicios en la recuperación de activos venezolanos en América Latina y el Caribe. Luego de meses de negociaciones, los empresarios habrían identificado 40 mil millones de dólares en acciones en compañías, vehículos, inmuebles y deudas por cobrar propiedad de PDVSA. Los principales puntos de contacto del Gobierno Interino habrían sido Javier Troconis, Comisionado Presidencial para la Recuperación de Activos, y Fernando Blasi, Agregado Comercial de la Embajada de Venezuela ante los Estados Unidos.
Sin embargo, los empresarios denunciaron que en una reunión en Miami realizada en diciembre de 2019, el representante del Gobierno Interino habría solicitado un pago adelantado de 750.000 dólares estadounidenses antes de firmar cualquier acuerdo, los cuales debían ser depositados en la cuenta bancaria de una compañía basada en el Estado de la Florida propiedad de Magin Blasi, hermano del Agregado Comercial de la Embajada de Venezuela ante los Estados Unidos, Fernando Blasi.
Adicionalmente, esta empresa debía compartir la comisión que recibirían los empresarios por recuperar estos activos; esta comisión se fijó en 18% y, de recuperarse todos los activos identificados, representaría 7 mil doscientos millones de dólares estadounidenses. De acuerdo con los empresarios, ellos rechazaron esta propuesta alegando que era ilegal.
Es importante destacar que esta información es similar a la publicada meses anteriores por la periodista Patricia Poleo, en su programa Factores de Poder.
Tras conocerse la noticia, los representantes del Gobierno Interino negaron la realización de esta propuesta, aunque reconocieron que estuvieron en conversaciones con los empresarios. Una investigación de la Asamblea Nacional, concluyó preliminarmente en que Javier Troconis incurrió en “irregularidades administrativas”, pero que no existen evidencias de corrupción, así mismo, recomendaron que el Consejo de Contraloría continuara la investigación, de la cual no se conoció mayor información.
Negociaciones con Paraguay
En este mismo reporte, The Washington Post, encontró múltiples pre-acuerdos donde Javier Troconis está invuelto, los cuales incluyen pagos inusuales. Entre ellos, destaca un acuerdo con el Gobierno de Paraguay para exonerar la deuda que este país tiene con PDVSA.
En este acuerdo, el gobierno interino de Venezuela condonaría la mitad de la deuda que Paraguay tiene con la empresa petrolera venezolana (269-290 millones de dólares) y para manejar este acuerdo, Javier Troconis habría contratado al abogado argentino, Sebastián Vidal, quien recibiría 20% del monto negociado o más de 26 millones de dólares estadounidenses. Troconis negó contratar a esta persona.
El punto de contacto del gobierno paraguayo fue el Jefe de Gabinete del Presidente de Paraguay, Juan Ernesto Fuenmayor, quien afirmó que Sebastián Vidal se presentó cómo representante de PDVSA y solicitó una reunión, la cual fue realizada entre Fuenmayor, Vidal y Troconis. En dicho encuentro, le presentaron la propuesta anteriormente mencionada.
Este hecho generó fuerte polémica en Venezuela y en Paraguay, donde diputados opositores incluso consideraron emitir un voto de censura contra el Jefe de Gabinete del Presidente, en incluso, algunos solicitar la participación del Presidente Mario Abdo Benítez en estos pre-acuerdos.
La Asamblea Nacional de Venezuela, también investigó un contrato firmado entre Troconis y un despacho de abogados en el sur de la Florida, para recuperar una cuenta propiedad del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación de Venezuela en el Reino Unido.
Luego de que estas negociaciones se hicieron públicas, la Procuraduría Especial de la República, designada por Juan Guaidó, declaró que Troconis no tiene autoridad para firmar ningún acuerdo en nombre de la República.