El 23 de febrero de 2019, durante el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad de Venezuela desertaron a favor del Gobierno Interino. A partir de allí, se asignaron recursos para su apoyo y manutención en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Sin embargo, denuncias en junio y falta de transparencia en los procesos hicieron ver que hubo malversación de fondos y otros procesos administrativos mal realizados.
Si bien los encargados de la operación, Rosana Barrera y Kevin Rojas fueron destituidos de su cargo al conocerse las denuncias, no ha habido hasta la fecha una investigación completa de lo sucedido ni responsabilidad penal hacia los involucrados. Primero Justicia sigue manteniendo un frente de presión por la verdad que merecen todos los venezolanos y para que haya justicia con los militares venezolanos en Colombia.
El 23 de febrero de 2019, en pleno operativo de las fuerzas del Estado venezolano para impedir el ingreso de 14 camiones con ayuda humanitaria a Venezuela, impulsado por Nicolás Maduro, en el puente llamado Tienditas (que une a la población venezolana de Ureña con la ciudad de Cúcuta en Colombia) y donde dos camiones resultaron quemados y no pudieron ingresar a Venezuela por las barricadas instaladas en el lugar, policías y militares venezolanos desertaron en medio de los incidentes, cruzando la frontera en búsqueda de refugio.
Este mismo día, el diputado de Primero Justicia José Manuel Olivares formó parte de la comisión que recibió a un grupo de militares venezolanos que decidieron desertar a través de la frontera colombo-venezolana.
El 24 de febrero, mediante carta enviada al Canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, el Presidente Juan Guaidó, asignó a Rossana Barrera y Kevin Rojas como coordinadores de la operación para dirigir fondos a la manutención de los militares que se encontraran en Colombia por motivo de su deserción.
El 14 de junio de 2019, fue publicado un trabajo periodístico en Panam Post donde se afirmó́ que Rossana Edith Barrera Castillo y Kevin Javier Rojas Peñaloza, designados por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó́, para atender a los militares y policías venezolanos que cruzaron la frontera hacia Colombia, habrían incurrido en irregularidades, incluyendo peculado de uso de los fondos asignados para los militares. Un día después, el Presidente (E), Juan Guaidó́, anunció que fueron separados de sus cargos los dos funcionarios objeto de la denuncia y que la Asamblea Nacional comenzaría una investigación al respecto, petición que extendió al entonces embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti. El 18 de junio de 2019, Humberto Calderón Berti presentó una denuncia formal sobre los hechos en la Fiscalía de Colombia.
En esta misma fecha, la Asamblea Nacional en Venezuela acordó iniciar a través de la Comisión Permanente de Contraloría una investigación. Con respecto a esto, el, para el momento, miembro de Primero Justicia y diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Conrado Pérez, en su posición de vicepresidente de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional; informó que dicha comisión iniciaría la investigación pertinente para aclarar la denuncia respectiva a este caso y que la corrupción no quedase impune.
En septiembre de 2019, la Organización No Gubernamental, Transparencia Internacional, capítulo Venezuela, presentó su primer reporte sobre irregularidades en el manejo de los recursos económicos asignados a funcionarios militares que reconocieron a Juan Guaidó́ como presidente interino de Venezuela el 23 de febrero de 2019. De acuerdo con el informe, capítulo Venezuela, en el reporte antes señalados menciona que se hicieron “hallazgos que revelan que no respetar los mínimos requerimientos de transparencia en la administración de recursos públicos incrementa el riesgo de cometer los mismos errores en otros casos, con consecuencias negativas sobre el patrimonio de la nación que afectan a los ciudadanos, violando sus derechos a mediano y largo plazo.”
El reporte continúa afirmando que se encontraba “a la espera de los resultados de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de Colombia, que es el órgano competente para esclarecer y suministrar información verificada sobre estos hechos ocurridos en su territorio (cantidad de policías y militares atendidos cada semana, hoteles en los que se hospedaron, así́ como detalles de otros gastos) y establecer las posibles responsabilidades de acuerdo a la legislación de ese país”.
Será este proceso de investigación oficial el que esclarezca el alcance real de la información publicada en el medio digital ya mencionado, en la que se hicieron afirmaciones que debieron tener un sustento sólido. La denuncia es una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción, pero debe estar fundamentada en evidencias consistentes, pues de lo contrario se crea confusión en la ciudadanía y se fomenta la desconfianza en las autoridades.
También son de suma importancia los hallazgos que obtenga la Asamblea Nacional, que inició las averiguaciones horas después de que los hechos fueran del conocimiento público. Es una investigación de la Comisión de Contraloría del Parlamento, instancia que hasta esta fecha no ha emitido un pronunciamiento conclusivo.
El 17 de septiembre de 2020, Rossana Barrera declaró a medios colombianos que no estuvo involucrada en ningún hecho delictivo con relación a los fondos asignados y que en cambio cumplió todas las órdenes que venían directamente del presidente Juan Guaidó, al cual culpó de todo lo sucedido en el “cucutazo”.
Hasta la fecha actual se desconocen los resultados de las investigaciones, tanto desde Colombia como el Gobierno Interino de Venezuela. Sin embargo, Primero Justicia seguirá insistiendo en que se sepa la verdad acerca de los recursos asignados a nuestros militares en el exilio.
Cronología de Hechos:
- 23 de febrero de 2019: En el proceso de ingreso de ayuda humanitaria, cientos de militares y fuerzas de seguridad del Estado venezolano desertaron cruzando la frontera hacia Colombia.
- 24 de febrero de 2019: Presidente Juan Guaidó asigna a Rossana Barrera y Kevin Rojas como responsables de la operación en apoyo a los militares en Colombia.
- 14 de junio de 2019: Publicación en Panam Post denuncia que hubo malversación de fondos por parte de Rossana Barrera y Kevin Rojas en el caso de militares venezolanos en Colombia
- 15 de junio de 2019: Son destituidos de sus cargos en el Gobierno Interino Rossana Barrera y Kevin Rojas. Se abre investigación sobre el caso
- 18 de junio de 2019: Calderón Berti, Embajador de Venezuela ante Colombia para la fecha, introduce denuncia en la fiscalía de Colombia.
- 18 de junio de 2019: Diputado Conrado Pérez anuncia que Contraloría de la Asamblea Nacional comenzará una investigación sobre el caso.
- Septiembre de 2019: Transparencia Internacional, capítulo Venezuela, publica informe de irregularidades en el caso de manejo de fondos en Colombia por parte del Gobierno Interino
- 17 de septiembre de 2020: Rossana Barrera declara que no tiene nada que ver con robos y que todas sus instrucciones fueron giradas directamente por el Presidente Juan Guaidó.