El 4 de Julio de 2019, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michele Bachelet presentaba sus informe sobre Venezuela, en el cual concluía que se habían cometido numerosas violaciones a los derechos humanos, después de haber realizado 55 entrevistas entre víctimas y testigos de estos actos, y donde aseguraba que de no cambiar la situación, aumentaría la cantidad de migrantes partiendo de Venezuela, exponiendo además, que existían motivos razonables para creer que se estaban llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales, así como detenciones arbitrarias y torturas, en un contexto donde la corrupción generalizada y la desnutrición hacían fuerte presencia.
En concordancia a esto, un grupo de miembros de Primero Justicia declaró que apoyaban el informe y que se haría lo necesario para hacer llegar el mismo a la Corte Penal Internacional, tildando de desvergüenza las acciones de respuesta del régimen de Maduro, en las cuales ejecutaron traslados forzosos a distintos presos políticos, confirmando las afirmaciones del informe.
Igualmente, el Secretario General de Primero Justicia Tomas Guanipa, reafirmó dicho mensaje mediante twitter ¨ Desde @Pr1meroJusticia ratificamos nuestro apoyo para que informe de @mbachelet sea remitido a la @IntlCrimCourt para que esos delitos de lesa humanidad sean juzgados y el sufrimiento del pueblo venezolano no quede en la impunidad¨.
Y en el mismo contexto, el Coordinador Nacional de Primero Justicia, Julio Borges, declaró que el informe significaba una acción inesperada para el régimen de Maduro y que debía ser llevado a otras instancias internacionales para darle seguimiento a la naturaleza violadora de derechos humanos del régimen de Maduro; en consecuencia afirmó, que el régimen habría intentado despistar la publicación del informe mediante la censura en los medios de comunicación, pero insistió en la necesidad de llevar el informe a la CPI
y otras instancias internacionales competentes para hacer justicia ante los crímenes de Maduro.