El 19 de noviembre de 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la creación de un Fondo Especial de Litigios, al cual asignó 2 millones de dólares estadounidenses provenientes de recursos del Estado recuperados por el Gobierno Interino, para la representación judicial y extrajudicial de la República y con ella, una Comisión Técnica para que garantizara la transparencia en el manejo de los recursos, sin embargo, no designó a sus miembros en ese momento.
En enero de 2020, la Asamblea Nacional elevó el monto asignado a 20 millones de dólares. En esa oportunidad, en la fracción parlamentaria de Primero Justicia decidimos salvar nuestro voto, ante la falta de transparencia en el manejo de los recursos y que aún no se había designado a los miembros de la Comisión Técnica, lo cual fue, finalmente, realizado semanas después de este episodio.
Según el acuerdo de creación de este Fondo, la función de la Comisión Técnica es recibir (de las juntas administradoras ad hoc, en coordinación con la oficina del Procurador Especial) los proyectos de defensa de activos y litigios, para considerar las contrataciones correspondientes, de acuerdo a los principios de racionalidad, sinceridad y eficiencia y, en concordancia con los montos límite autorizados por la Asamblea Nacional.
A pesar del mandato dado por el Poder Legislativo, ni las Juntas Administradoras Ad Hoc, ni la Oficina del Procurador Especial, cumplieron con lo establecido en este acuerdo. En vez, la Oficina del Procurador Especial expresó que, en su opinión, la Comisión Técnica debería ser un “órgano de asesoría externa de la Procuraduría Especial” y, en ese sentido, únicamente envió facturas de contrataciones decididas previamente por esta oficina, sin ningún tipo de control.
Según la comunicación oficial PER-P-062 de la Procuraduría Especial de la República, de fecha 03 de septiembre de 2020, donde desarrolla un balance de los pagos realizados en el marco de la defensa judicial y extrajudicial de la República; las juntas administradoras ad Hoc de PDVSA y el BCV, en coordinación con el Procurador Especial, han realizado el pago de USD$ 15.515.906,16, imputables al Fondo de Litigio, sin haber enviado estos proyectos de defensa a la Comisión Técnica designada por la Asamblea Nacional.
Adicionalmente, en esta comunicación también se detallan las deudas contraídas por la República, a través de la Oficina del Procurador Especial, distribuidas de la siguiente forma:
1. Por servicios la prestación de servicios, tanto litigiosos como de asesoría o gestiones legales, respecto de los cuales no existía ni existe disponibilidad financiera, US$ 11.677.990,68.
2. Por deuda restante con las firmas de abogados, imputables al fondo de litigios, US$ 8.553.604,50.
En conclusión, más de US$35.7 millones de dólares, habrían sido ejecutados por la Oficina del Procurador Especial y las Juntas Administradoras Ad Hoc de PDVSA y el BCV, sin ningún tipo de control, auditoría o supervisión de la Asamblea Nacional. Esta acción, es uno de los hechos más graves sucedidos durante el Gobierno Interino y deben ser atendidos de inmediato, ya que el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Ley, incluyendo la certificación de disponibilidad presupuestaria para los proyectos que se buscan ejecutar, y los procesos creados por la Asamblea Nacional para ejercer control sobre el uso de los recursos públicos y garantizar su transparencia, no solo son imperativo éticos derivados del artículo 141 de la Constitución, sino que, además, son esenciales para garantizar la estabilidad del proceso político impulsado por los sectores democráticos del país en aras de lograr una transición y salvaguardar los intereses de la República.