Desde la expropiación por parte del gobierno de Hugo Chávez en 2008 a la minera canadiense Crystallex, se inició una disputa entre el estado venezolano y la matriz de la empresa por la indemnización que conllevaba la ejecución de dicho hecho. Posteriormente, el organismo en el que la empresa minera introdujera la demanda contra el gobierno venezolano, el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), falló a favor de la matriz canadiense, teniendo la obligación el estado venezolano de cancelar $1200 millones mas intereses y gastos legales.
En 2018, al no cumplirse con el pago dictaminado por el CIADI, Crystallex llevó el caso a una corte civil del estado de Delaware, que ese mismo año dictó que PDVSA era un “alter ego” del gobierno venezolano y que, por lo tanto, se podía disponer de los activos de esta empresa, en este caso CITGO, para subsanar la deuda del estado con la empresa canadiense; esta decisión fue apelada en una corte en el estado de Pennsylvania.
En febrero de 2019, luego de que el presidente encargado Juan Guaidó nombrara a la junta de transición de CITGO, recayó en estos la responsabilidad de llevar adelante todos los procesos legales que giraban entorno a la empresa perteneciente al estado venezolano; por lo que en consecuencia al fallo a favor de Crystallex en julio del mismo año, el gobierno interino de Guaidó ingreso un recurso de apelación a esta decisión, que posteriormente fue desestimado.
Sin embargo, seria en enero del 2021 cuando un juzgado del estado de Delaware ordenara la venta de las acciones de CITGO para cubrir la deuda, acción que no se ha llevado a cabo, debido a una prohibición del Departamento del tesoro (orden ejecutiva 13850) de hacer transacciones con los bienes venezolanos en Estados Unidos, que fue impuesta en el 2018 y reafirmada en septiembre de 2021.
Respecto a este caso, el miembro de Primero Justicia y diputado de la Asamblea Nacional del 2015, José Guerra, en una entrevista junto al periodista venezolano Vladimir Villegas el 18 de enero de 2021, dió un resumen de como se había desarrollado el caso de Crystallex y CITGO, agregando que las intenciones de la minera canadiense, no eran las de hacerse con las operaciones de la filial venezolana, sino de obtener la titularidad de la empresa, para luego vender las mismas a otras empresas refinadoras estadounidense, que pudiesen hacerse cargo de la cuota de mercado de la misma en Estados Unidos, que representa alrededor de 8%.
En este misma entrevista, Guerra expresó que en el año 2016 él había objetado el proyecto de renegociación de la deuda externa venezolana, en el cual el gobierno de Maduro daba como garantía la mitad de las acciones de CITGO a los acreedores de los bonos 2017 (posteriormente 2020), y la otra mitad la ponían a disposición de la rusa Rosneft; alegando además que al cambiar la composición accionaria de CITGO, aunque PDVSA tiene la potestad de emitir deuda sin la venia de la AN, al ser un tema de interés nacional esto no debía ejecutarse.
De igual manera, el 22 de enero del mismo año, el Coordinador General de Primero Justicia, Julio Borges, se refirió a este caso a través de su cuenta de Twitter, pidiendo se diese una explicación sobre este caso, así como otros en los cuales no se había mostrado la mayor transparencia al momento de comunicar como había sido el manejo del mismo o cuales eran las respuestas a las dudas presentadas por la opinión pública.