Tras el intento fallido de tornar el mando militar a favor de la causa democrática en Venezuela, desarrollado el 30 de abril, ell 17 de mayo de 2019, el para entonces Embajador del gobierno interino de Juan Guaidó ante la ONU, Jorge Valero, confirmó que estaban desarrollándose conversaciones entre el régimen de Maduro y el gobierno de Guaidó, que estos encuentros estaban desarrollándose en Oslo y que la comisión antichavista estaba conformada por Stalin González, Gerardo Blyde y Francisco Martínez.
En un comunicado emitido el 25 de Mayo del mismo año, el gobierno de Guaidó afirmó que atendía la invitación hecha por el Reino de Noruega en aras de buscar una salida negociada a la dictadura y a la grave crisis venezolana, además de confirmar la comisión, agregando a Vicente Diaz como asesor técnico e insistiendo en que la finalidad de dicha negociación era la de lograr el cese de la usurpación, con un posterior gobierno de transición y elecciones libres.
El 8 de Julio de 2019, la, para el momento, diputada Amelia Belisario, en una rueda de prensa que Primero Justicia apoyaba la reactivación de las negociaciones con mediación de Noruega, y que respaldaba las acciones necesarias para devolver la libertad y paz a los hogares venezolanos.
Ante la falta de acuerdos posibles por la indisposición del régimen de Maduro a acceder a las propuestas hechas en los dialogos, usando además como excusa las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a funcionarios de Maduro, en aras de proteger los activos de la nación, en Septiembre la comisión del gobierno interino de Guaidó se retiró del proceso de dialogo, por lo que el régimen reconfiguró el proceso con nuevos miembros, quienes desarrollaron una dinámica desentendida de la realidad venezolana.
A esto, el Coordinador General de Primero Justicia y Comisionado para las Relaciones Exteriores de Venezuela del gobierno de Guaidó, expresó que el ciclo de negociación auspiciado por el Reino de Noruega
había llegado a su fin, a pesar de la propuesta de la comisión del gobierno de Guaidó de activar un Consejo de Estado mixto para llevar a cabo un proceso de transición y posteriormente realizar una elecciones libres verificables, con levantamiento progresivo de las sanciones; pero ante la falta de acuerdo, solicitó a la fracción democrática internacional, la extensión de las sanciones a los funcionarios de Maduro, entendiendo que habían sido estos quienes habían evitado los acuerdos dentro de la negociación.
De igual manera, Alfonso Marquina, miembro de Primero Justicia, declaró que la mesa de negociación en Barbados era la búsqueda de una solución pacífica y electoral a la crisis venezolana, y que el rompimiento de este proceso de parte del régimen de Maduro, significaba la falta de voluntad de los mismos a la búsqueda de una solución a la grave situación nacional.