El 28 de enero de 2020, la Asamblea Nacional autorizó la creación de Fondos Especiales de Litigios, esto con el fin de poder tener la debida protección de los activos del país, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 15 del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de adoptar las decisiones necesarias para la defensa de los derechos del Estado venezolano ante la comunidad internacional y asegurar el resguardo de los activos, bienes e intereses del Estado en el extranjero.
Para la fecha 29 de enero de 2020, la cuenta oficial de Primero Justicia @pr1merojusticia anuncia al país a traves de un “hilo” las razones por las que la fracción parlamentaria salvó su voto sobre el Acuerdo que autoriza la creación del Fondo Especial de Litigios. Según el Estatuto dichos recursos no pueden ser ejecutados hasta no lograr el cese de usurpación y se conforme un gobierno de unidad Nacional. Igualmente el artículo 34, numeral 3, literal b del mencionado Estatuto establece que mientras persista la situación de usurpación PDV Holding y sus filiales no pueden realizar ningún tipo de pago o aporte a PDVSA.
Excepcionalmente por vía de acuerdo parlamentario ante la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, el pleno de la AN puede aprobar el uso de activos de la República. Dicho uso debe estar sometido a los principios de honestidad, eficiencia y transparencia.
Desde el 23 de enero del 2019 Primero Justicia ha liderado y respaldado la defensa de los activos de la República y nuestra Fracción Parlamentaria asume de manera realista que dichos recursos son necesarios para la defensa de nuestros activos.
Una de las razones por la cual Primero Justicia salvó su voto es que a la fecha de la creación del Fondo Especial de Litigios no se habian
designado formalmente los miembros de la comisión tecnica por lo que no ha sido posible verificar de manera cierta el uso de recursos públicos ni la rendición de cuenta de los mismos, como por ejemplo los 3.5 millones de $ aprobados el 19 de noviembre.
Por su parte Alfonso Marquina, publicó un comunicadado dirigido al Presidente Interino Juan Guaidó, razones por la cual salvó el voto en nombre de la fracción parlamentaria de Primero Justicia. Y es porque no existe el soporte institucional que permita la ejecución de los recursos públicos, la designación de un Controlador Especial por parte de la Asamblea Nacional seria uno más de los requisitos institucionales para el control de ejecución de fondos públicos.
Por último, la cuenta oficial de la fracción de Diputados de Primero Justicia anunció al país a través de su cuenta en twitter, las razones por las que se salvó el voto sobre el Acuerdo que autoriza la creación del Fondo Especial de Litigios. Finalmente no son suficientemente conocidas las estrategias de defensa judicial de los activos de la República, así como los mecanismos de selección de abogados contratados por la Oficina del Procurador Especial.