El Gobierno Interino de Venezuela en su deber de proteger los activos de la nación se hizo responsable de la situación que presentaba los bonos emitido PDVSA 2020 por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Se tomó la decisión de llevar una demanda en contra de los tenedores del bono PDVSA 2020 a pesar de la posición declarada de Primero Justicia acerca de que la mejor solución era renegociar el pago de los bonos con los acreedores.
En octubre de 2020 una corte en Nueva York falló a favor de los tenedores del bono, lo que implica que se pueden ejecutar las condiciones de garantía por incumplimiento de pago. Muy a pesar de que en Primero Justicia se tenía la certeza y así también lo afirmaban los asesores legales y financieros de que una negociación era posible y la mejor solución para todas las partes involucradas en el caso.
El bono PDVSA 2020 es un título de valor venezolano que surgió́ en 2016 tras el canje del bono PDVSA 2017 de “doble denominación” creado en 2007 con vencimiento en abril y noviembre de 2017. Debido a la caída de la producción de crudo y la necesidad de financiar las importaciones de productos básicos, el Gobierno de Nicolás Maduro se vio en la obligación de refinanciar este papel de deuda, por lo que a finales de 2016 la estatal petrolera invitó a los tenedores del bono PDVSA 2017 a canjear ese título por uno nuevo denominado PDVSA 2020, cuyo monto asciende a 3.367 millones de dólares con un cupón a 8,5% respaldado con el 50,1% de las acciones de CITGO. En ese momento, desde la Asamblea Nacional se declaró nula esta transacción, sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro culminó la operación y continuó pagando esta deuda.
En al año 2017, ya el diputado de Primero Justicia, y para el momento presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, había denunciado ante la opinión pública que la compra de estos bonos contribuía con las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por el régimen de Nicolás Maduro.
En marzo de 2019, tras acercarse la fecha límite para el pago de intereses a los tenedores del bono (27 de abril de 2019), inició un debate sobre si la Asamblea Nacional debía aprobar el pago de 71,6 millones de dólares estadounidenses por concepto de intereses del bono PDVSA 2020, considerando que estos habían sido declarado nulos. Finalmente, la Subcomisión de Crédito y Deuda Publica, elaboró un informe tomando en cuenta la opinión del procurador especial de la República, José́ Ignacio Hernández, recomendando autorizar la realización de dicho pago, con el fin de ganar tiempo mientras se tomaba una decisión final en la hoja de ruta sobre el caso. Esta acción fue autorizada en plenaria, el 07 de mayo de 2019.
De esta forma, La Oficina del Procurador Especial, cumpliendo lineamientos de la Presidencia Encargada, definió́ de forma unilateral la estrategia judicial a ejecutar en relación a estos bonos, sin contar con la validación de la Asamblea Nacional. En noviembre de 2019, la Asamblea Nacional creó el Fondo Especial de Litigios y ordenó la designación de una comisión técnica que determinara la estrategia para la defensa judicial y extrajudicial de la República, sin embargo, esta instancia nunca fue consultada sobre la ruta a tomar, en relación a los Bonos PDVSA 2020. La Procuraduría Especial tomó la decisión de llevar el caso de PDVSA 2020 a las cortes y usar mecanismos legales para desestimar el caso y evitar pagar la deuda adquirida por el bono.
El 23 de abril de 2020, Alejandro Grisanti Capriles Miembro de la Comisión Presidencial Consultiva para la Renegociación de la Deuda Pública y como Director de la Junta Administradora Ad-Hoc de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) emitió una carta al presidente Juan Guaidó expresando su preocupación por, en primer lugar, las declaraciones realizadas el 20 de abril de 2020 por el procurador especial José Ignacio Hernández en contra de su persona y de Primero Justicia; en segundo lugar, por las acciones jurídicas que pretende tomar la Procuraduría Especial de la República en relación a la hoja de ruta sobre la situación de los bonos PDVSA 2020.
En el comunicado se expresa que la solución recomendada por Primero Justicia es la de renegociar con los tenedores de bonos y evitar una demanda en contra de ellos. Las probabilidades fracaso eran elevadas (por encima del 60%) a consideración de los estrategas legales y financieros (Lee Buchheit y Global advisory group.
Por otra parte, al ser la deuda de los bonos PDVSA 2020 apenas del 1% no es recomendable aplicar una demanda ya que sienta un precedente para negociaciones con otros acreedores de deuda venezolana. Por último, igualmente de ganarse el juicio se le pagaría a los acreedores por el principio de “ganancia súbita”; es decir, se les pagaría a los acreedores su inversión inicial en los bonos. Debido a la situación del covid, los argumentos esbozados por los asesores y la recesión económica como consecuencia de la pandemia, se estimaba una posición favorable para negociar, evitando además el desgaste de un proceso judicial y el costo político asociado; buscando una solución renegociada y acorde a los intereses de todas las partes involucradas.
Sin embargo, se hizo omisión de la recomendación realizada por Primero Justica y el director Grisanti; La República demandó la nulidad de los bonos en jurisdicción estadounidense, alegando que la emisión de dichos bonos se había dado en un estado de ilegalidad, ya que para que los mismos fueran validos debían tener la aprobación de la Asamblea Nacional como establecía la Constitución Venezolana, requisito que no cumplían; y esto resultó en un fallo, en octubre de 2020, de la Corte del Distrito Sur de New York donde se determinó́ que “los bonos 2020 y los documentos que los rigen son válidos y ejecutables», beneficiando a los tenedores del bono. El 29 de diciembre de 2020, la misma corte suspendió la primera decisión por una solicitud de funcionarios del Gobierno Interino. Una solicitud de parte de los representantes legales de los tenedores de bono fue denegada el 25 de enero de 2021mientras se resolvía la disputa de los argumentos legales que llegaron al caso. La medida impuesta por la OFAC tampoco impide que se permita accionar a los tenedores de bonos, sin embargo, la disputa legal continúa.
Sobre el caso del Bono PDVSA 2020, Rafael Guzmán, miembro de Primero Justicia publicó un artículo de opinión el 15 de noviembre de 2021 sobre el ex procurador especial José Ignacio Hernández, y sus cuestionables decisiones en la defensa de los activos de la nación en el extranjero. Principalmente orientadas a la transparencia, decisiones unilaterales y procedimientos mal realizados durante juicios y funciones en el Gobierno Interino. Hernández respondió el 17 de noviembre, acusando a Rafael Guzmán de mentiroso y desestimando sus declaraciones; obteniendo una respuesta de Guzmán el 03 de diciembre de 2021, en esta ocasión, cuestionando al ex procurador acerca de hechos concretos en los juicios de los Bonos de PDVSA 2020 y el caso de Crystallex.
Cronología de Hechos:
- 2016: Surgimiento del bono PDVSA 2020 tras canje del bono PDVSA 2017
- Marzo de 2019: debate en la Asamblea Nacional sobre pago por 71,6 millones de dólares por concepto de intereses del bono PDVSA 2020
- 07 de mayo de 2019: Se autoriza el pago de 71,6 millones de dólares por concepto de intereses del bono PDVSA 2020
- 23 de abril de 2020: Carta de Alejandro Grisanti Capriles en nombre de la junta Ad-Hoc de PDVSA y Primero Justicia sobre situación legal y hoja de ruta de la Procuraduría Especial sobre el caso de los bonos PDVSA 2020
- Octubre de 2020: Corte en Nueva York falla a favor de los tenedores del bono PDVSA 2020, siendo documentos válidos y ejecutables.
- 29 de diciembre de 2020: Corte en Nueva York suspende primera decisión y detiene acciones contra Citgo.
- 25 de enero de 2020: Segunda Corte de Apelaciones en Nueva York niega petición de tenedores del bono PDVSA para hacer cumplir el fallo de la Corte en octubre de 2020.
- 15 de noviembre de 2021: Artículo de opinión de Rafael Guzmán sobre las actuaciones de José Ignacio Hernández como Procurador Especial en el caso de los Bonos de PDVSA 2020
- 17 de noviembre de 2021: Respuesta de Hernández a Guzmán, desestimando las declaraciones.
- 03 de diciembre de 2021: Respuesta de Rafael Guzmán, argumentando hechos concretos sobre Hernández y sus procedimientos en los casos de Bonos de PDVSA 2020 y Crystallex.